miércoles 1 de febrero de 2012

InfoDF: transparencia a prueba


Ernesto Villanueva

En estos últimos años, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) se ha convertido en la joya de la corona. Ha adquirido reconocimiento social y respeto por su trabajo como órgano garante. Esto es una verdad sabida en la comunidad de transparencia en el país. El secreto no ha sido el método de elección de sus comisionados. En muchos estados se sigue el mismo sistema. Ha sido el trabajo en equipo con unidad en la diversidad de sus integrantes y la autoridad moral que han podido conseguir sus comisionados. Esto último es quizá la parte más difícil. Lo es por la inexplicable naturaleza humana que hace que el “ciudadano” “apartidista” recién llega al puesto y se convierte, en muy poco tiempo, en un político. Lo hace con todas las debilidades de quien se ocupa de esas tareas, pero, en muchas ocasiones, sin las virtudes de aquél.
Eso genera, con no poca frecuencia, una caricatura de humor involuntario. Erosiona además la autoridad jurídica y social  de esos órganos garantes que fueron creados para cumplir y hacer cumplir con el derecho a saber. No se ha alcanzado ese propósito. En ocasiones el órgano garante busca, afanoso, como observar acotadamente la ley. En otras, de plano, sirve sólo para validar la secrecía de los sujetos obligados a informar. Hemos dado vida a una creciente burocracia con grandes dosis de ineficacia y pronta a ser integrada por cuotas partidistas. Es por todo lo anterior, que la renovación del InfoDF resulta importante más allá de la Ciudad de México.  La semana pasada cerró la convocatoria emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para dar cabida a los interesados.  El diseño legal para la renovación de quienes forman parte del InfoDF no ha sido lo más afortunado. De sus cinco comisionados, se podrá renovar uno por un periodo de tres años para que “acompañe” la transición entre los nuevos y los actuales comisionados.
Una decisión posible, pero improbable, es que se reforme la ley de la materia y en un artículo transitorio se ratifique por un periodo más a sus actuales integrantes por la simple y sencilla razón de que han hecho muy bien su trabajo. ¿Para qué cambiar lo que sí funciona?  En el estado de Morelos, Eleael Acevedo, el entonces presidente del IMIPE, el órgano de transparencia, no fue ratificado por el Congreso acusado de ser independiente y no actuar de “forma sensible a las necesidades del Congreso”, “propenso en demasía a la apertura informativa” y de “pensar con criterio propio sin compartir previamente sus decisiones con los sujetos obligados”. Esto le llamo yo el mundo al revés. Precisamente porque efectivamente Eleael Acevedo era “culpable” de esos pecados debió mantenerse como vigilante de la transparencia. Hoy sus talentos personales son aprovechados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La ALDF no debería seguir el ejemplo del Congreso del Estado de Morelos. En una segunda opción deberían adoptarse medidas para evitar que los méritos personales y la independencia de criterio sean avasallados por la sumisión y por la obsecuencia,  como es ya natural en buena parte de los órganos del país. La ALDF tiene atribuciones para que una comisión de expertos diversa, interuniversitaria e integrada por miembros nivel III del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt evalúe con criterios transparentes y no políticos los méritos de los 38 candidatos a ocupar 4 vacantes en el InfoDF, haciendo suyo el dictamen correspondiente. De los 38 candidatos, la lista chica o universo potencial se reduce, en realidad, a muy pocos que tienen méritos públicos en la materia. Sin descalificar a nadie (porque puede haber personas con un gran currículum que mi ignorancia no los ve,  habida cuenta de que nada de lo humano me es ajeno), estoy convencido de que quienes tienen las prendas personales deseables para este encargo  está integrado por las siguientes personas: un comisionad@ del InfoDF porque así lo marca la ley, todos ellos capaces, aunque subjetivamente me parece que el Mtro. Agustín Millán en este tramo haría un excelente trabajo. Asimismo, en orden alfabético creo que deberían tomarse en cuenta a Mariana Cendejas, doctora en derecho y con experiencia práctica y obra en el tema, Juan Francisco Escobedo, reconocido por todos como el gran impulsor de la transparencia en México y a quienes muchos le debemos, yo incluido, sus enseñanzas, su calidad humana y su compromiso con el tema y quien debería ser no sólo comisionado, sino presidente del InfoDF, (atribución también de la ALDF) Francisco Hoyos, alumno destacado de la Maestría en la Ibero donde lo conocí y eficaz impulsor y facilitador para que la transparencia fuera posible en el DF en un época en donde las resistencias en la capital eran muy amplias y Lina Ornelas, también reconocida por propios y extraños como la principal experta y precursora mexicana de la protección de datos personales, eficaz funcionaria del IFAI y autora del libro de lectura obligada en ese rubro. Es difícil que se designen a los mejores, pero no es imposible conmover a la ALDF.  Veremos.
Evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
Blog; ernestovillanueva.blogspot.com

sábado 28 de enero de 2012

Petición para regular beneficios ex presidenciales


A los CC. Legislador@s y candidat@s presidenciales
Con fundamento en lo previsto en los artículos 8º y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben la presente respetuosamente  piden de ustedes su compromiso para regular conforme a las mejores prácticas internacionales los beneficios, apoyos y pensiones de los ex presidentes de la República. Para tal efecto, consideramos que debe, al  menos, observar los siguientes criterios orientativos:
1.- Establecer los beneficios y pensiones ex presidenciales en una ley expedida por el Congreso de la Unión y no en acuerdos o decretos secretos del Ejecutivo Federal como sucede ahora.
2.- Que si se procede a establecer pensiones, éstas deben ser proporcionales al sueldo obtenido en el ejercicio siguiendo los principios del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
3.- La seguridad de los expresidentes debe ser la mínima necesaria y sólo deben otorgarse mayores elementos de seguridad en los casos en que asi se justifique y se autorice por el Congreso de la Unión.
4.-  Las pensiones para los beneficiarios de los expresidentes de la República deben seguir lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.
5.- Los beneficios y pensiones deben eliminarse cuando los ex presidentes de la República tengan otra ocupación o empleo de manera permanente, independientemente de que sea de tiempo completo o no.

Atentamente

(SI ESTÁ DE ACUERDO CON ESTE TEXTO, POR FAVOR INGRESE A "COMENTARIOS" EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE ESTA ENTRADA Y ANOTE SU NOMBRE Y APELLIDOS)

jueves 26 de enero de 2012

Corrupción y opacidad en Aeroméxico


Ernesto Villanueva


La corrupción en México no sólo erosiona la legitimidad del ejercicio público, sino que abarca a la iniciativa privada, que no pocas veces está privada de iniciativa. Aeroméxico es un ejemplo de corrupción y opacidad que ha impulsado su director general, Andrés Conesa Labastida, lo que no debiera ser pasado por alto. Vamos a los datos que apoyan lo que aquí afirmo.
Primero. Andrés Conesa Labastida llegó a la dirección de Aeroméxico en 2007, tras haber pasado por algunos cargos en la SHCP. Un primer dato grave es la ausencia en Aeroméxico de códigos de conducta que regulen los conflictos de interés, por lo menos accesibles al público. Y esto de entrada viene a colación por el patrocinio y/o contratación de Lorena Ochoa, tanto cuando era su pareja como ahora que es la esposa del propio Conesa. Esta práctica de Conesa sería sancionada en las principales líneas aéreas del mundo… Los “conflictos de intereses” nacen en el momento en que un directivo es influenciado por consideraciones personales al realizar su trabajo, en aparente perjuicio de la empresa. La inclusión de un apartado dedicado a conflictos de interés es un mensaje de probidad para generar confianza. Es por ello que, a diferencia de Aeroméxico, la empresa Delta Airlines tiene publicado en su página web su código de conducta, en el que incluye lo que se conoce como “conflictos de intereses”. Lo mismo sucede, entre muchísimas otras aerolíneas, en Air Canada y en United Continental, donde se puede acceder incluso a sus directrices de gobernabilidad corporativa, que también regula y sanciona los conflictos de interés.
Segundo. Del 2007 al 2012, Aeroméxico, bajo la dirección de Conesa Labastida, ha registrado un proceso de retroceso en la calidad de los servicios y en el manejo transparente de la empresa. De acuerdo con la principal firma de auditoría aeronáutica en el mundo, la inglesa Skytrax (cuyo lema es “sin miedo al favor” pues dice no aceptar patrocinios o regalos de ningún tipo y mantener el principio de la transparencia), Aeroméxico no sólo no se encuentra entre las primeras 60 aerolíneas del mundo, sino tampoco entre las mejores de América Latina. En esta área están mejor evaluadas Taca, Copa, Lan, Tam y Avianca. Y dentro de las cinco mejores aerolíneas del mundo se halla KingFisher, de la India, no sólo aquellas que corresponden a países del Primer Mundo, como se pudiera pensar a primera vista. Peor todavía, hasta el 19 de enero de 2012 Aeroméxico no había sido aprobada como una línea aérea de calidad. Y de acuerdo con esta evaluadora, es una empresa de tercer nivel.
Entre las razones por las que Aeroméxico se encuentra en esta situación pueden mencionarse: a) mal manejo de retrasos y cancelaciones; b) incapacidad de su staff de resolver problemas; c) falta de limpieza de los baños; d) ausencia de trato personalizado, y e) incapacidad de responder respuestas de los clientes. Estos señalamientos (¿casualmente?) coinciden con las razones de las 493 quejas que Aeroméxico tiene ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una cifra importante en un país donde la cultura social es ajena a la exigencia de derechos porque se considera que nada va a pasar.
Tercero. Otro dato que destaca es la opacidad informativa de Aeroméxico. Debe reconocerse que la política de esta empresa de ocultar información es consistente. Si alguien compara, por ejemplo, la información accesible al usuario en la página web de Aeroméxico con las de las primeras líneas aéreas privadas del mundo, sería prácticamente inexistente.
En la página web de Delta se puede encontrar información sobre la compañía, acerca de sus inversionistas, estadísticas y hechos, además de que se tiene acceso a información del gobierno corporativo de la empresa, sus estatutos, informes anuales y declaración de representación, indicadores financieros, cotización de acciones, entre otros aspectos. Lufthansa tiene en su página web uno de los sitios más completos en información de aerolíneas, desde políticas derivadas de la ley y de directivas en detalle en casos de cancelación y retrasos de vuelos, hasta datos puntuales sobre gobierno corporativo y minutas. Cuando de plano no hay información disponible en primera instancia, una fuente completa y detallada es la Bolsa de Valores de Nueva York, en la cual cotizan las principales empresas mexicanas, pero no Aeroméxico.
Las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son “públicas” en el sentido de que hacen pública su información financiera, no en el sentido de que se trata de empresas del Estado. A diferencia de la Bolsa Mexicana de Valores, que es muy pequeña (y no tiene mecanismos de verificación de la información financiera que le es reportada), la Bolsa de Nueva York y las empresas que ahí cotizan son supervisadas a profundidad por la Securities and Exchange Commission, que tiene la encomienda de verificar que la información financiera reportada sea veraz, y cuenta con potestad para sancionar incluso con cárcel si se detectan diferencias entre lo reportado y lo existente. La aerolínea brasileña TAM y la chilena LAN cotizan ambas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y sus estados financieros pueden revisarse con minuciosidad. En Aeroméxico, por el contrario, la política institucional es contraria a los intereses de sus usuarios y de sus empleados, toda vez que, a menor información pública, mayor capacidad de manipular cifras y negociar eventualmente tratos favorables o apoyos del gobierno, teniendo como información sólo la palabra de la empresa, como si fuera dogma de fe.
Cuarta. Por si lo anterior fuera poco, Aeroméxico ofrece servicios de tercera, como lo señala la auditora inglesa Skytrax, pero cobra a sus usuarios como si se tratara de una empresa de primera. Así, por ejemplo, un vuelo México-Santiago de Chile-México saliendo el 2 de febrero y regresando el 9 del mismo mes en Lan cuesta 15 mil 50 pesos, y en Aeroméxico 16 mil 619, con la diferencia de que el equipo de Lan es mucho más amigable con el usuario que el de Aeroméxico. Si alguien viaja en las misas fechas en la ruta México-Morelia-México por Aeroméxico debe pagar 5 mil 796 pesos, mientras que si viaja por TACA en las mismas fechas a México-Guatemala-México el precio es de 3 mil 483 pesos a pesar de la enorme diferencia en distancias.
La ausencia de competencia y la existencia de rutas exclusivas en el país –de facto o de derecho– hacen probablemente que Aeroméxico financie muchos de sus destinos internacionales, sobre lo que algo debería decir la Comisión Federal de Competencia. De la misma forma, resulta paradójico que Conesa Labastida, quien fue beneficiario de recursos públicos a través de Conacyt (en el periodo 1994-1997) para que realizara sus estudios doctorales en economía (en el prestigioso y costosísimo Massachusetts Institute of Technology), pone al descubierto dos cuestiones: a) la cuestionable práctica de que sea el pueblo el que pague la formación de cuadros de primer nivel para que apliquen sus aprendizajes a las empresas privadas, práctica que debe ser revisada; y b) que el conocimiento adquirido por antiguos becarios se ponga al servicio de intereses ajenos al público. En este escenario, debería promoverse desde la sociedad la cultura de la exigencia, del respeto de la dignidad y del bolsillo, así como la mayor apertura posible a la competencia. Esto acaso sería la única solución para que la gente que, todavía, cree ilusamente que volar por Aeroméxico significa apoyar a México, despierte y vea que es, por lo menos hasta ahora, todo lo contrario.
evillanueva99@yahoo.com

lunes 23 de enero de 2012

Notimex, ¿irregularidades en tiempo electoral?

Clara Luz Álvarez*

Distraídos por los típicos escándalos del sector de si la Comisión Federal de Competencia autorizará, condicionará o negará la adquisición de Iusacell por Televisa, de si Telmex tendrá una alianza con Larry King para la provisión de contenidos, o si la Comisión Federal de Telecomunicaciones realizará o no los procedimientos para otorgar concesiones o permisos de televisión abierta, se está pasando por alto una revelación por parte de la revista etcétera sobre infracciones legales y éticas en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). Esto sería motivo de escándalo en cualquier país democrático y con una sociedad medianamente participativa, pero lamentablemente las violaciones a la ley en México son tan frecuentes que ni la Secretaría de la Función Pública actúa en casos tan burdos como éste. Veamos los hechos de Notimex y comparemos con la BBC de Reino Unido. El Estatuto Orgánico de Notimex exige que los miembros del Consejo Consultivo Editorial cuenten con título de licenciatura y no pertenezcan a un partido político, entre otros requisitos. El caso es que al menos 3 de los consejeros fueron nombrados careciendo del título de licenciatura (Ingrid Catalina Negrete, Rubén Esaud Ocampo y Miguel Ángel Sánchez de Armas) y uno de ellos pertenece a un partido político (Miguel Ángel Sánchez de Armas que aparentemente es el alias de Miguel Ángel Sánchez González o González Sánchez, jefe de prensa del PANAL). Independientemente de las sanciones administrativas y penales que correspondan en su caso por ostentarse con título sin tenerlo, ¿qué está pasando en Notimex? La ley que creó a Notimex en su artículo 6 señala que la información de Notimex deberá cumplir con los principios de veracidad y responsabilidad, ¿le podemos creer a Notimex si en su sitio web los quebranta desde la información sobre quiénes son sus consejeros? Si la razón de ser de Notimex es “coadyuvar al ejercicio del derecho a la información” (artículo 1) y en su sitio web ni siquiera cumple con el mínimo de proporcionar el currículum vitae de su Director General Héctor Villareal y al tratar de acceder al vínculo de “Transparencia Focalizada” aparece que “Está en construcción”, ¿cómo justifica su existencia si viola lo más básico del derecho a la información contenido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental? ¿Hará algo el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos? En Reino Unido ante este desaseo sin duda el Director General de la BBC y el Presidente del BBC Trust renunciarían. En la BBC evidentemente están todos los curricula de los directivos y consejeros. Los directivos deben declarar la recepción de regalos y la asistencia a eventos (p. ej., a un concierto) que sólo deben ser aceptados cuando estén dentro del límite de la política de la BBC. Además, cada uno de ellos presenta una Declaración de Intereses Personales en la que se publican los intereses personales y de negocios tanto de los consejeros como de sus familiares inmediatos. Así se puede ver si un consejero lo es a su vez de otras entidades, si participa en organizaciones caritativas o en universidades, si da consultoría a ciertas instituciones, si su cónyuge está en un área relacionada con la BBC, etcétera. El Código de Ética exige que ninguno de los consejeros “actúe en una manera que pueda traer desprestigio a la BBC o afectar su reputación de imparcialidad”. En el caso Notimex que es la encargada de coadyuvar con el ejercicio del derecho a la información, están haciendo caso omiso a la violación legal y ética de los consejeros, han omitido revelar posibles conflictos de interés y más en este año electoral que Notimex debiera ser del Estado mexicano y no del gobierno en turno, ni estar capturada por partido político alguno. ¿Se tomarán acciones para cumplir con la ley o se dejará pasar este caso en detrimento de la imagen de Notimex? La Cámara de Diputados y el Senado debieran considerar seriamente una reforma a Notimex en la cual se incluyan medidas para garantizar la transparencia y que los que intervengan no cuenten con conflictos de interés, ni vínculos partidistas. Primer Concurso Nacional de Ensayo sobre Telecomunicaciones. Éste es convocado por Observatel, Nextel y la UNAM, para trabajos sobre propiedad cruzada de medios en México y con fecha límite para recibir éstos el 30 de marzo de 2012 (www.observatel.org). *claraluzalvarez@gmail.com

viernes 13 de enero de 2012

Notimex, más de lo mismo

Ernesto Villanueva En el número de enero la revista etcétera (www.etcetera.com.mx) realizó un reportaje sobre faltas graves en Notimex, particularmente en el Consejo Editorial al que pertenezco. De acuerdo a etcétera al menos tres de sus integrantes han probablemente incurrido en conductas sancionadas por la ley. Es lamentable desde cualquier punto de vista. Veamos por qué. Primero. Notimex, la denominada agencia del Estado mexicano, es propiamente el único medio público con el que cuenta el país. Recuerdo el trabajo del entonces diputado federal José Luis Medina con este proyecto en el año 2006. Por aquellos años había varias voces que pedían su desaparición, como había sucedido con El Nacional y la Revista Tiempo, que dependían de la Secretaría de Gobernación y cuyo ciclo terminó con el régimen priista. En el caso de Notimex, la idea fue convertir esa agencia de noticias en un medio público, algo que nunca se pudo lograr con el Canal de Televisión del Congreso de la Unión, que nació bajo ese propósito. Al final este canal se convirtió en un vocero del Congreso. Notimex se transformó de medio del gobierno, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, destinado a servir de agencia de propaganda gubernamental a una agencia más o menos imparcial, a la luz de la creación de su ley orgánica y de una tímida intervención social en algunos de sus órganos de gobierno. No obstante, la realidad ha transitado de manera diferente a lo previsto por la ley. Ha sido, de manera recurrente, acusada de corrupción, favoritismo y trabajo ajeno a los estándares mínimos de la ética periodística. Hoy la ausencia de credibilidad en Notimex se ve robustecida por los señalamientos de etcétera. Con documentos oficiales en la mano, la revista especializada en medios puso al descubierto hechos que generan la percepción de que algo anda muy mal en la agencia de noticias del Estado mexicano. En efecto, etcétera sostiene que los que los consejeros Ingrid Catalina Negrete Rosales, Rubén Esaud Ocampo Castañares y Miguel Angel Sánchez González o Miguel Ángel González Sanchez alias Miguel Ángel Sanchez de Armas se ostenten como profesionistas sin serlo. Este hecho por sí mismo podría actualizar el tipo penal del delito denominado usurpación de profesión, previsto en el artículo 323 del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice: “Al que se atribuya públicamente el carácter profesionista sin tener título profesional, u ofrezca o desempeñe públicamente sus servicios, sin tener autorización para ejercerla en términos de la legislación aplicable, se le impondrá de dos a seis años de prisión de doscientos a quinientos días de multa”. El tipo penal reclama: a) Que alguien se ostente públicamente como profesionista. El portal de Notimex, por sus propias características de agencia de noticias actualiza la hipótesis que requiere la primera parte del citado artículo 323.; b) Que “ofrezca o desempeñe públicamente” sus servicios. En estos casos el artículo 14 del Estatuto Orgánico de Notimex establece, sin duda, que quienes ejerzan funciones de consejeros del Consejo Editorial de Notimex deben tener el grado de licenciatura. De esta suerte, los consejeros cuestionados, de manera dolosa; es decir, conociendo que no cumplían los requisitos que la ley establece decidieron voluntariamente desempeñar una función a sabiendas de que no cumplían los requisitos. Tercero. Son de llamar la atención los – supongo- prejuicios de quien se hace llamar Miguel Ángel Sánchez de Armas, pero que en realidad es Miguel González Sánchez o Sánchez González. Etcétera documentó que para operar ese cambio de personalidad, el aludido acudió a un notario público para solicitar lo que jurídicamente se conoce como fe de hechos, en el cual el Notario público simple y sencillamente anota que a esa persona se le conoce también con otro nombre. Este instrumento legal, empero, no es sustitutivo del llamado juicio de jurisdicción voluntaria que debe observar todas las formalidades de un proceso judicial. Esto es entendible. ¿Se imagina usted ,si lo anterior no fuera así, cuántos pasaportes falsos se emitirían, cuentas bancarias para lavado de dinero se podrían abrir o realizar actividades vinculadas al crimen organizado o común al tenor de contar con personalidades múltiples? Si un notario público pudiera obviar los procedimientos establecidos en la ley la lista de actividades ilegales sería un largo etcétera. Para evitar que eso ocurra, el Código Penal ha creado el delito de usurpación de identidad el cual se encuentra regulado en el artículo 211 Bis del código Penal para el DF. Cuarto. Por supuesto, no sólo los consejeros a quienes se imputan hechos probables de constitución de delitos incurren en faltas legales y en muchísimas éticas, sino también las autoridades de Notimex, particularmente su director general. Si bien es verdad que los consejeros citados no fueron designados en el periodo del señor Héctor Villarreal, también lo es que el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la letra dice: “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones : XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público” Debió haber revisado en el proceso de entrega-recepción que todos los asuntos, expedientes y demás actuaciones se sujetaran a la ley. Por lo pronto- como lo señalé en el artículo que me fue solicitado para la revista etcétera-, presentaré a la brevedad posible las denuncias que correspondan para la investigación de estos hechos. Grave que los presuntos responsables no hayan aclarado si situación y Villarreal se haya quedado inmóvil a la espera que desaparezca el impacto del reportaje de etcétera. evillanueva99@yahoo.com Twitter: @evillanuevamx Blog: ernestovillanueva.blogspot.com